La razón es obvia: somos mierdas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado al Congreso de los Diputados su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los primeros que deberá a sacar adelante en minoría el PP de Mariano Rajoy. Se basan en un menor gasto, que cae hasta el 41,3% del PIB, frente al 42,1% de 2016. También en unos mayores ingresos, aunque en este caso la diferencia respecto al anterior ejercicio es menor (38,2% del PIB en 2017 frente al 37,9% en 2016)

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Son unos presupuestos en los que cae la inversión pública un 3%. El desplome es del 20% en el caso de las infraestructuras. Cae también Cultura, un 0,7%, con más de la mitad de las partidas recortadas o congeladas. En lo que se refiere a la Ley de Memoria Histórica, el Ejecutivo vuelve a ningunear esta partida y le da cero euros.

Por contra, sube el gasto en pensiones un 3,1% hasta los 139.647 millones. Este gasto se lleva 40 de cada 100 euros del total. Y se dispara el presupuesto de Defensa un 32%. Estos porcentajes no coinciden en algún caso con los que están ofreciendo públicamente los miembros del Gobierno, ya que consideran que la comparación adecuada no debe hacerse con la cifra presupuestada en 2016, sino con su ejecución.

Montoro ha dejado claro que corresponsabiliza a los grupos políticos de aprobar unas cuentas que a su juicio “afianzan el crecimiento económico y la creación de empleo, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

El PP sólo tiene el apoyo de Ciudadanos, aunque la opinión mayoritaria es que también lo tendrá del PNV y de CC. Mariano Rajoy decía este fin de semana que esperan contar con “ 175 votos y medio“, en referencia a sus negociaciones con Nueva Canarias. En total necesitan 176 votos. Mientras Montoro daba su rueda de prensa, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho: “Hoy pondríamos una enmienda a la totalidad”.

Lo cierto es que son unos presupuestos de transición, sin grandes novedades respecto a los prorrogados de 2016, que ya fueron a su vez continuistas. El propio Montoro ha recordado que van a tener poco recorrido, dado que en septiembre se presentarán los de 2018, ya según el calendario habitual.

Los principales focos de atención están en el reparto de las infraestructuras de forma territorializada, de forma que se colmen las peticiones de las formaciones políticas que deben apoyar las cuentas.

Por lo pronto, y para compensar las exigencias se ha recortado el presupuesto en inversión pública, más aún cuando se ha superado un año electoral como era 2016.

Según el proyecto, Canarias es la única comunidad autónoma para la que se prevé un incremento de las inversiones en infraestructuras, con un repunte del 2,5% de la inversión real, hasta 270,28 millones de euros. En el caso del País Vasco, cuyo apoyo también espera el PP, la inversión bajaría un 15,1%, hasta los 381 millones.

Y pese a las promesas de Mariano Rajoy, la inversión en infraestructuras en Catalunya retrocede un 2,7%, hasta 1.149 millones, un recorte que está muy por debajo del que experimenta la inversión real regionalizable del conjunto de autonomías, que es del 22,7%, hasta 8.597,43 millones.


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